Se impulsa el
fortalecimiento de las áreas operadoras del sistema, PGJE, TSJE, SSP y
Consejería Jurídica; Así como el marco jurídico que dé certeza a la ciudadanía
del trabajo que realizan las instituciones.
La Paz, BCS.-
“El Gobierno de Baja California Sur tiene el firme compromiso de consolidar el
Sistema de Justicia Penal, y para lograrlo implementará las acciones conjuntas
que para 2018 impulse el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se
mejore la impartición de justicia en nuestra entidad”, mencionó el secretario
general de gobierno, Álvaro De la Peña Angulo.
El funcionario
estatal, señaló que 2017 fue un año de grandes retos para el Sistema tanto a
nivel nacional como para el estado, ya que se transitó de la etapa de
implementación a la de consolidación, para lo cual, se emprendieron varias
acciones conjuntas con los Poderes del Estado y la Federación, entre ellas, la
creación de la Comisión de Ejecución Penal y la Subcomisión de Justicia para
Adolescentes, dando cumplimiento a las normas establecidas en este renglón.
Además, que se
fortaleció la profesionalización de los operadores del sistema, ministerios
públicos, jueces, policías, abogados litigantes, defensores públicos,
estudiantes y comunicadores, capacitando sólo en el año que culminó, dijo, a
más de mil 100 personas.
“Este año no
será la excepción y tendremos nuevos retos, mismos que serán atendidos a través
de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento en el Estado, de
manera coordinada con los Poderes, los tres órdenes de gobierno y la sociedad,
principalmente en lo relacionado con la Ley Nacional de Ejecución Penal”,
expresó De la Peña Angulo.
Por lo que se
estarán reforzando los trabajos y colaboración con las autoridades
penitenciarias e instituciones que intervienen en la ejecución de la prisión
preventiva, sanciones penales y medidas de seguridad impuestas, para
proporcionar los programas de servicios para la reinserción al interior de los
centros penitenciarios; así como con organismos de la sociedad civil para
diseñar, implementar o brindar servicios en internamiento o post-penal, agregó.
También, se
impulsará el modelo de justicia terapéutica conforme a las disposiciones
establecidas en esta Ley, y el desarrollo de estrategias de implementación y
operación de la Ley General de Víctimas mediante diferentes acciones
interinstitucionales.
“Si bien es
cierto que es necesario hacer algunas reformas constitucionales y al Código
Nacional de Procedimientos Penales, para perfeccionar la justicia penal,
estamos trabajando arduamente para que lo positivo del sistema funcione de
manera eficiente y eficaz en protección siempre de la víctima del delito y la
justicia”, finalizó Álvaro De la Peña.