En su participación titular de SEP propone ademas impulsar
la enseñanza socioemocional para abatir problemas de adicciones y violencia.
La Paz, BCS.- Al participar
en la inauguración del Tercer Foro Regional Armonización Legislativa Estatal
del Acuerdo Educativo Nacional, el titular de la SEP de Baja California Sur,
Héctor Jiménez Márquez, expresó que por medio de la nueva ley se debe
garantizar el derecho a la educación de calidad e inclusiva a todas las
personas que migran a las entidades del noroeste del país.
El funcionario señaló que miles de personas se trasladan del
sur del país a trabajar a nuestra
entidad y requieren de escuelas y maestros, sin embargo los recursos presupuestales
se quedan en sus lugares de origen, en donde incluso se cierran los planteles
por falta de alumnado.
En ese sentido, agregó que nuestra entidad tiene un déficit
de más de mil 300 docentes de jornada y de 13 mil maestros de secundaria, cifra
que se incrementa año con año, con la llegada de cientos de personas que buscan
trabajo en Los Cabos o bien en los campos agrícolas sudcalifornianos.
Jiménez Márquez señaló que en Baja California Sur viven más
de 100 mil indígenas de las diferentes etnias, sin embargo la Federación no
envía recursos económicos especiales para la atención educativa y el desarrollo
de esta población, por lo que reiteró su propuesta de que en el marco de la
armonización de leyes en materia educativa, esta condición sea atendida para
garantizar educación inclusiva y de calidad a la que tienen derecho.
Ante legisladores federales y locales, el titular de SEP
señaló que ante la problemática que existe en nuestro país de violencia y de
adicciones, es impostergable impulsar la educación socioemocional, que permita
a los estudiantes aprender a ser resilientes, para que sepan decir si a lo
bueno y no a lo malo, además de que puedan afrontar situaciones adversas.
Finalmente, destacó que este tipo de ejercicios faculta que las
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, armonicen el marco
jurídico en la materia con los contenidos del artículo tercero constitucional y
de las leyes secundarias antes del 15 de mayo de 2020, con adecuaciones que
permitan a cada entidad garantizar un servicio educativo y de inclusión.
