Más de mil 785 quejas graves contra la Sedena han sido
presentadas desde el año 2020; La militarización no es la solución para la
inseguridad, la estrategia está fallando; Es necesaria una reforma en la
actuación de policías municipales y estatales.El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister»
advirtió sobre el impacto de la participación de militares en funciones
policiales, al revelar un incremento en el número de violaciones a los derechos
humanos, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Más
de mil 785 quejas graves han sido presentadas desde el año 2020.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, criticó la reciente reforma
constitucional que integra a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) -y que hoy en día está en discusión en el Senado de la
República- y aseguró que la militarización no es la solución para la
inseguridad. Explicó que “la estrategia está fallando y generando preocupaciones
en cuanto a violaciones a derechos humanos contra la población civil”.
Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, expresó que la
corrupción y la ineficiencia de las autoridades policiales no deben resolverse
con más presencia militar en las calles; por lo que subrayó en la necesidad de
reformar la actuación de policías municipales y estatales.
Además de fortalecer a las policías locales, el doctor en derecho Jesús Rey
planteó la importancia de capacitarse adecuadamente con inteligencia y
metodología de investigación. Consideró que “esto sería más efectivo que seguir
entregando funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas, que tienen un
espíritu de aniquilar o exterminar a sus adversarios”.
Jesús Rey Fierro Hernández
El también presidente del “Bufete Jurídico Fierro & Asociados” resaltó que
los cuerpos de seguridad deben someterse a mecanismos de control y supervisión
para asegurar que actúen dentro del marco legal; por lo que mencionó que estos
sistemas pueden ayudar a construir confianza ciudadana y evitar abusos.
En cuanto a los recursos para enfrentar la inseguridad, Fierro Hernández
mencionó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) como un
programa clave para fortalecer a las corporaciones locales. Consideró que estos
fondos son viables para implementar mejoras en el combate a la delincuencia.
Reiteró que destinar más recursos a las policías estatales y municipales es
fundamental para reducir los índices de violencia y mejorar la percepción de
seguridad entre la ciudadanía. Enfatizó en la importancia de invertir en
formación y equipamiento.
El defensor del pueblo recordó que desde 2020 se han registrado mil 785 quejas
graves relacionadas con el accionar de las fuerzas armadas en labores de
seguridad pública ante la CNDH, por lo que, sostuvo “la cifra es alarmante y
refleja la urgencia de replantear la estrategia de seguridad; no la de
militarizar al país”.
El presidente del GIDH, Jesús Rey Fierro Hernández, criticó la reciente reforma constitucional que integra a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -y que hoy en día está en discusión en el Senado de la República- y aseguró que la militarización no es la solución para la inseguridad. Explicó que “la estrategia está fallando y generando preocupaciones en cuanto a violaciones a derechos humanos contra la población civil”.
Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, expresó que la corrupción y la ineficiencia de las autoridades policiales no deben resolverse con más presencia militar en las calles; por lo que subrayó en la necesidad de reformar la actuación de policías municipales y estatales.
Además de fortalecer a las policías locales, el doctor en derecho Jesús Rey planteó la importancia de capacitarse adecuadamente con inteligencia y metodología de investigación. Consideró que “esto sería más efectivo que seguir entregando funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas, que tienen un espíritu de aniquilar o exterminar a sus adversarios”.
El también presidente del “Bufete Jurídico Fierro & Asociados” resaltó que los cuerpos de seguridad deben someterse a mecanismos de control y supervisión para asegurar que actúen dentro del marco legal; por lo que mencionó que estos sistemas pueden ayudar a construir confianza ciudadana y evitar abusos.
En cuanto a los recursos para enfrentar la inseguridad, Fierro Hernández mencionó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) como un programa clave para fortalecer a las corporaciones locales. Consideró que estos fondos son viables para implementar mejoras en el combate a la delincuencia.
Reiteró que destinar más recursos a las policías estatales y municipales es fundamental para reducir los índices de violencia y mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía. Enfatizó en la importancia de invertir en formación y equipamiento.
El defensor del pueblo recordó que desde 2020 se han registrado mil 785 quejas graves relacionadas con el accionar de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ante la CNDH, por lo que, sostuvo “la cifra es alarmante y refleja la urgencia de replantear la estrategia de seguridad; no la de militarizar al país”.
