El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera
Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, señaló que el fentanilo es 50
veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, “un monstruo”
que cada día acaba con la vida de mujeres, hombres y jóvenes en el mundo, pues
bastan miligramos de la droga para poner en riesgo la vida.
Al inaugurar la mesa de diálogo sobre “Salud y seguridad pública fronteriza: estrategia preventiva frente a los opioides sintéticos”, sostuvo que en México cada año aumentan los decomisos; sin embargo, las exposiciones involuntarias y los eventos de intoxicación accidental también han aumentado, casos en los que las principales víctimas son el personal de emergencia, policías, paramédicos y bomberos.
Loera de la Rosa indicó que por lo anterior se debe impulsar con seriedad el uso de un antídoto que pueda salvar vidas como lo es la naloxona, la cual no produce adicción, no altera la conducta ni causa euforia, pues su único propósito es revertir una sobredosis de opioides, devolviendo la respiración y el pulso a una persona que está al borde de la muerte, por eso la Organización Mundial de la Salud la recomienda a todos los países.
De ahí que, dijo, elaboró una iniciativa para que en México se permita su uso sin trabas administrativas, ya que en la Ley General de la Salud está clasificado “indebidamente” como un psicotrópico, lo que impide su distribución, adquisición y uso oportuno.
El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, aseveró que no duda en abrazar la iniciativa y avanzar en lo que se deba modificar con un alto sentido de responsabilidad, pues el uso de los opioides sintéticos es una realidad y un desafío complejo que se debe enfrentar, por la amenaza creciente, su impacto en la salud y el tema de seguridad.
Añadió que desde el Senado se tiene que reconocer que este fenómeno no distingue fronteras, ideologías ni niveles socioeconómicos, pues se trata de una crisis que avanza con rapidez, alimentada por la disponibilidad, la alta potencia y los bajos costos de la droga, por lo que es una crisis que requiere coordinación, inteligencia, información, prevención y corresponsabilidad.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, mencionó que este tema debe abordarse con mucha puntualidad, pues se trata de un problema de salud pública, de acuerdo con el informe sobre la demanda y efectos del fentanilo en México, que señala que en 2023 se registraron 430 personas atendidas por consumo de fentanilo, cifra superior a las 333 de 2022, lo que refleja una tendencia que no se puede ignorar.
Agregó que este fenómeno afecta múltiples dimensiones de la vida nacional, principalmente en las zonas fronterizas, donde confluyen rutas de tránsito, movilidad humana, dinámicas comerciales y contactos de vulnerabilidad social, de manera que esta lucha debe tener un enfoque integral, humano y científico.
La presidenta de la Comisión de la Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera, comentó que hablar de la producción de drogas y de su consumo es hablar de un problema complejo, transnacional, donde convergen intereses económicos, de soberanía, en donde México tiene que hacer lo que le toca.
Abundó que “hacer lo que toca” no es fácil por los interés económicos y políticos que se esconden en este tema, por eso hablar del combate, producción, control y manejo de las drogas sintéticas es complicado, porque pone en riesgo la vida, por eso es importante discutir sobre este antídoto que está bajo control de un sistema que quiere detener que se propague esta enfermedad pública.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, afirmó que en México se vive un momento crítico, pues el aumento del consumo de los opioides, principalmente fentanilo, representan una amenaza creciente en el país y en toda la frontera con Estados Unidos, esto debido a que desde 2013 desplazaron el uso de la heroína.
Indicó que los opioides fueron responsable del 70 por ciento de las muertes por drogas a nivel global, aumentado su consumo en un 20 por ciento, 60 millones de personas consumen drogas, por lo que en este contexto se exige con urgencia estrategias preventivas integrales, no solo de seguridad, sino de salud pública, educación y apoyo social.
Al inaugurar la mesa de diálogo sobre “Salud y seguridad pública fronteriza: estrategia preventiva frente a los opioides sintéticos”, sostuvo que en México cada año aumentan los decomisos; sin embargo, las exposiciones involuntarias y los eventos de intoxicación accidental también han aumentado, casos en los que las principales víctimas son el personal de emergencia, policías, paramédicos y bomberos.
Loera de la Rosa indicó que por lo anterior se debe impulsar con seriedad el uso de un antídoto que pueda salvar vidas como lo es la naloxona, la cual no produce adicción, no altera la conducta ni causa euforia, pues su único propósito es revertir una sobredosis de opioides, devolviendo la respiración y el pulso a una persona que está al borde de la muerte, por eso la Organización Mundial de la Salud la recomienda a todos los países.
De ahí que, dijo, elaboró una iniciativa para que en México se permita su uso sin trabas administrativas, ya que en la Ley General de la Salud está clasificado “indebidamente” como un psicotrópico, lo que impide su distribución, adquisición y uso oportuno.
El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, aseveró que no duda en abrazar la iniciativa y avanzar en lo que se deba modificar con un alto sentido de responsabilidad, pues el uso de los opioides sintéticos es una realidad y un desafío complejo que se debe enfrentar, por la amenaza creciente, su impacto en la salud y el tema de seguridad.
Añadió que desde el Senado se tiene que reconocer que este fenómeno no distingue fronteras, ideologías ni niveles socioeconómicos, pues se trata de una crisis que avanza con rapidez, alimentada por la disponibilidad, la alta potencia y los bajos costos de la droga, por lo que es una crisis que requiere coordinación, inteligencia, información, prevención y corresponsabilidad.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, mencionó que este tema debe abordarse con mucha puntualidad, pues se trata de un problema de salud pública, de acuerdo con el informe sobre la demanda y efectos del fentanilo en México, que señala que en 2023 se registraron 430 personas atendidas por consumo de fentanilo, cifra superior a las 333 de 2022, lo que refleja una tendencia que no se puede ignorar.
Agregó que este fenómeno afecta múltiples dimensiones de la vida nacional, principalmente en las zonas fronterizas, donde confluyen rutas de tránsito, movilidad humana, dinámicas comerciales y contactos de vulnerabilidad social, de manera que esta lucha debe tener un enfoque integral, humano y científico.
La presidenta de la Comisión de la Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera Rivera, comentó que hablar de la producción de drogas y de su consumo es hablar de un problema complejo, transnacional, donde convergen intereses económicos, de soberanía, en donde México tiene que hacer lo que le toca.
Abundó que “hacer lo que toca” no es fácil por los interés económicos y políticos que se esconden en este tema, por eso hablar del combate, producción, control y manejo de las drogas sintéticas es complicado, porque pone en riesgo la vida, por eso es importante discutir sobre este antídoto que está bajo control de un sistema que quiere detener que se propague esta enfermedad pública.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, afirmó que en México se vive un momento crítico, pues el aumento del consumo de los opioides, principalmente fentanilo, representan una amenaza creciente en el país y en toda la frontera con Estados Unidos, esto debido a que desde 2013 desplazaron el uso de la heroína.
Indicó que los opioides fueron responsable del 70 por ciento de las muertes por drogas a nivel global, aumentado su consumo en un 20 por ciento, 60 millones de personas consumen drogas, por lo que en este contexto se exige con urgencia estrategias preventivas integrales, no solo de seguridad, sino de salud pública, educación y apoyo social.
