Andrés
Manuel López Obrador no tendrá que esperar hasta el sábado 1 de diciembre de
2018 para meter mano en las políticas públicas y para hacer y deshacer adentro
del gobierno, pues su avanzada en el Congreso lo hará por él desde el sábado 1
de septiembre en que la LXIV Legislatura tomará el control de la Cámara de
Diputados y del Senado de la República.
Nicolás
Lucas
El
Economista
Foto: Reuters
Andrés
Manuel López Obrador terminará su presidencia con el último minuto del
lunes 30 de septiembre del año 2024 y de cumplirse todos los supuestos de una
administración ordenada, el suyo será el gobierno más corto desde el sexenio
cardenista de 1934: AMLO, presidente número 65 de los mexicanos, durará en el cargo
cinco años y diez meses, luego de la reforma política del 2014 que por
primera vez acorta dos meses el tiempo entre el día de la elección con la toma
de posesión de la Presidencia para generar eficiencias en los manejos del
país.
Pero López
Obrador no tendrá que esperar hasta el sábado 1 de diciembre de 2018 para meter
mano en las políticas públicas y para hacer y deshacer adentro del gobierno
como, por ejemplo, con la polémica mudanza de dependencias federales que ya
despierta temores en funcionarios de alto nivel. Su avanzada en el Congreso lo
hará por él desde el sábado 1 de septiembre en que la LXIV Legislatura tomará
el control de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
Ese día, el
Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de López Obrador, ocupará 56
escaños en la Cámara alta y 185 curules en San Lázaro; y eso sólo Morena, pues
aparte están los espacios que ocuparán los otros integrantes de la Coalición
Juntos Haremos Historia: PT-PES, que todos en combinación darían la mayoría
calificada a los legisladores del presidente para empezar a hacer los cambios
prometidos por AMLO y a mandar las primeras señales de sus acciones hacia todos
los sectores de la nación mexicana, entre ellos los que empatan con las
telecomunicaciones y la radiodifusión.
Desde el 1
de septiembre, por un lado, los diputados y senadores de López Obrador y del
resto de partidos políticos empezarán a conformar las ternas para la
integración de las comisiones legislativas, como las de Radio, TV y
Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes y es entonces cuando las
organizaciones civiles identificarán si hubo o no una nueva conformación de las
llamadas “telebancadas” afines a los distintos agentes de la industria.
A la par,
las cámaras comenzarán a discutir los dineros de México para el año 2019 y es
aquí cuando la industria y las organizaciones civiles, comunitarias e indígenas
sabrán si fue verdad la palabra de Andrés Manuel López Obrador a través de su
equipo de asesores económicos de que, por ejemplo, se empezará con un plan que tenga el fin de disminuir los pagos anuales de
derechos por la explotación de espectro radioeléctrico, por las
subastas del mismo y a rascar más las cuentas por recursos adicionales para
impulsar la Agenda Digital, en muchas de sus aristas inconclusa por un
deficiente trabajo hecho en Los Pinos.
“El equipo
del candidato electo ha afirmado que la nueva administración se caracterizará
por tener un gasto eficiente, con la finalidad de lograr los objetivos
establecidos en las promesas del Proyecto de Nación 2018-2024 y entonces deberá
ser evidente que (desde lo que toca al Congreso) se esté buscando la manera de
incentivar el desarrollo del sector a través de una política fiscal 'ad hoc'
para las necesidades de la industria”, plantea Gisela San Juan, especialista en
telecomunicaciones y TIC.
En una
entrevista del 9 de junio con este medio, Abel Hibert, mano derecha de López
Obrador en telecomunicaciones y radiodifusión, platicó sobre los planes de AMLO
en política digital para su gobierno; sobre la neutralidad de la red, el Internet de las cosas,
la tecnología 5G; también sobre un potenciamiento de la Red Compartida
y del futuro del Promtel y comisionados del IFT, entre otros temas. Pero
también aseguró de inicio que en el nuevo sexenio se tendrían que replantear
los pagos de derechos:
“…Vamos por
un esquema más eficiente en aprovechamiento del espectro. Aquí proponemos
buscarlos a todos y revisar el sistema de cobro por el uso del espectro, pues
nos parece muy alto el costo para el operador; las actualizaciones que hace la
Secretaría de Hacienda son costosas, porque la concesión que compraste hace 20
años, la estás pagando hoy como si fuera el mismo mercado, cuando los precios
están bajando y los equipos también y entonces el costo del espectro llega a
ser una barrera. Es algo que se debe modificar…”, dijo Abel Hibert en esa ocasión.
Los
especialistas coinciden en que los legisladores tendrán margen de maniobra para
echar para adelante planes en beneficio del sector, aunque no tan
inmediatamente y pese a que López Obrador pondrá sus baterías más dirigidas hacia
todo lo relacionado con las reformas energética y educativa.
AMLO y el
proceso del Paquete Económico 2019
Agustín
Ramírez es especialista en temas jurídicos de telecomunicaciones y
radiodifusión en el bufete de abogados Ouraboros. Él explica que el proceso
presupuestario comenzó en abril, cuando la Secretaría de Hacienda envió al
Congreso –hoy dominado por el PAN y PRI– los principales objetivos para definir
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2019, entre
los que es de suponerse fueron incluidos aquellos puntos sobre la Agenda
Digital y política sobre espectro, entre otros.
Y para el
sábado 8 de septiembre, una semana después del arranque de la LXIV Legislatura,
Hacienda deberá enviar a los diputados los proyectos de Ley de Ingresos y de
Presupuesto de Egresos del Paquete Económico del año próximo y será desde
entonces cuando “los morenistas podrían meter mano, pues constitucionalmente la
Ley de Ingresos debe aprobarse en diputados el 20 de octubre y en senadores el
31 de ese mes”, dice Agustín Ramírez.
El Artículo
43 de la Ley de Presupuesto indica que los anteproyectos también deben
elaborarse con “apoyo del Presidente electo”, incluyendo las recomendaciones
que éste presente con su equipo económico o de otra manera, los legisladores
morenistas tendrían poco tiempo para revisar a fondo los criterios de la
política económica del siguiente año propuestas por el actual gobierno vía la
Secretaría de Hacienda.
“Así, se
supone que el virtual secretario de Hacienda ya debe estar consciente de lo
anterior; de tal suerte que ya deberían estar trabajando en el contenido de los
proyectos para que Enrique Peña Nieto los haga llegar al Congreso. Lo anterior
nos lleva a suponer que en el proyecto para 2019 ya habrá sido acordado con
AMLO, para que los dos meses de discusión en diputados sea sobre un proyecto
ampliamente consensuado entre la administración entrante y sus bancadas”,
expone Ramírez, de Ouraboros y añade:
“En relación
al tema que nos ocupa –pagos de derechos, política digital…–, lo relevante
sería conocer las propuestas de AMLO a EPN para integrar el Presupuesto de
Egresos que será sometido a consideración de los diputados el 8 de septiembre,
pues sería inusual que si el proyecto no responde a las propuestas de su equipo
asesor en telecom, le echaran la culpa al actual gobierno. Creo que la
Constitución establece un criterio sensato para permitir que el próximo
presidente gobierne conforme a las expectativas presupuestales que diseñadas
por su equipo”.
Andrés
Manuel López Obrador llegará al poder con el 53% de los votos efectivos; más de
30 millones de mexicanos en edad y con derecho a votar le dieron su
preferencia, por lo que no sólo cuenta con legitimidad para ver sobre temas
energéticos, educativos o de infraestructura y pagos de derechos sobre el
espectro radioeléctrico, también para poner a sus legisladores a analizar el
polémico tema de las audiencias que apenas unos meses atrás enfrascó en una historia al
Legislativo contra el IFT, la industria y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,recuerda la especialista en política regulatoria de
telecomunicaciones y TIC, Karina Martínez:
“A muchos
nos gustaría ver en la agenda legislativa una reforma legal que le retire las
atribuciones a Secretaría de Gobernación en materia de medios y las transfiera
al Instituto Federal de Telecomunicaciones, de modo que no emita más
lineamientos de clasificación de programas y se dejen de vulnerar, por ejemplo,
los derechos de las audiencias infantiles”.
