La herramienta tecnológica es para el beneficio de las más
de mil 200 personas recluidas en BCS.
La Paz, B.C.S.- A dos semanas de que la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado (SSPE) hubiese implementado el sistema de
comunicación por video llamadas en los cuatro centros penitenciarios de la
entidad, alrededor de 700 Personas Privadas de su Libertad (PPL) han sido
beneficiadas, al poder contactar a sus familias, sin poner en riesgo su salud, así
lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública en BCS, Marco Antonio
Montoya Gómez.
El funcionario estatal precisó que la puesta en marcha de
esta herramienta tecnológica, fue con el objetivo de garantizar a la población
penitenciara, su derecho a comunicarse con sus seres queridos, con los cuales
pueden dialogar a través de tabletas electrónicas por un espacio de 15 minutos,
tres días a la semana.
“La aceptación de este medio, que permite superar la barrera
de la distancia, ha sido muy grande y ha permitido que las personas recluidas
que tenían meses o años sin ver a un familiar, por diversos motivos de
movilidad y no solo por la contingencia, puedan ahora ponerse en contacto y compartir
un momento con ellos, liberando así el estrés y la angustia a la que pudieran
verse sometidos por el aislamiento social”, indicó.
Este servicio se encuentra disponible para las más de mil
200 personas recluidas en estos centros y desde su implementación se han
realizado 282 video llamadas en el penal de La Paz, 225 en San José del Cabo,
108 en Comondú y 85 en Santa Rosalía por medio de las cuales los privados de la
libertad han contactado a sus padres, hijos y hermanos, compensando de esta
forma la suspensión de visitas que continúa en todos los penales debido a dicha
pandemia.
Finalmente, el subsecretario de Seguridad Pública manifestó
que la seguridad y bienestar de quienes cumplen una sentencia al interior de
estos centros es la máxima prioridad, en los cuales hasta el momento no se ha registrado
ningún contagio por el virus covid 19, tiempo en que destacó se mantendrán los protocolos
para proteger la salud de la población penitenciaria.