La Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación
del laudo ante las cortes competentes; Durante el arbitraje internacional, México demostró que la
empresa no cuenta con experiencia para la extracción de arenas fosfáticas del
fondo marino; No se permitirá el desarrollo de proyectos que atenten
contra nuestros recursos naturales.
Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de las
secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), desaprueba el fallo emitido de manera no unánime por un tribunal
internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Asimismo, anuncia que buscará
anular el fallo ante las cortes competentes.
Después de más de dos años de haber finalizado el
procedimiento, el pasado 17 de septiembre finalmente la mayoría del tribunal
emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga a
nuestro país a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber
negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur
(BCS). Esta cifra representa alrededor del 1.18 % del monto que la empresa
originalmente reclamó en el arbitraje.
Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el
yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje
internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
La obra programada en el Golfo de Ulloa, en BCS, entre cuyos
socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistía en
un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 m) del
punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de
extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años
para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas
para su transporte.
En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto
afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama,
ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó
evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector
minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería
implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
Las dependencias federales consideran que el Tribunal dio un
peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos
por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a
situaciones políticas y no científicas. Por su parte, la defensa de México
demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos
cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del
tribunal.
Entre los tres árbitros hubo una postura disidente, el cual
criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México
fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Además,
concluyó: no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e
inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos.
Debido a las serias deficiencias de la resolución, y
considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de
Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.
Asimismo, el Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa
posibles.
El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan
priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de
nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el
bien de todas y todos los mexicanos.
El laudo se publicará en próximas fechas en la página del
CIADI.