Beneficia Castro Cosío a familias con viviendas en el norte del estado

 

Mulegé, Baja California Sur.- Al concluir su gira de trabajo por el norte del estado, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío realizó la entrega de 19 actas de recepción de viviendas, así como la entrega de las mismas en las comunidades de Villa Alberto Alvarado Arámburo, Benito Juárez y Guerrero Negro, como parte del compromiso de su administración por mejorar las condiciones de vida de las y los sudcalifornianos.
Estas viviendas forman parte de un total de 136 acciones llevadas a cabo en el municipio de Mulegé, con una inversión superior a los 20.3 millones de pesos. Que incluyen paquetes de materiales, piso firme, vivienda progresiva, cuarto dormitorio con baño y recámara con baño incluyente, beneficiando a habitantes de Alfredo V. Bonfil, Bahía Tortugas, Benito Juárez, El Dátil, El Patrocinio, Guerrero Negro, La Heroica Mulegé, San Ignacio, Santa Martha, Santa Rosalía y Villa Alberto Alvarado Arámburo.

Durante su encuentro con familias de esta región, Castro Cosío reconoció que estos beneficios son parte del ejercicio transparente de los recursos públicos que ejerce el Gobierno del Estado. “Trabajamos por brindar soluciones accesibles y justas para el pueblo de Baja California Sur, consolidando con ello su derecho a una vivienda digna”.
En este contexto, también se realizó la entrega de la ampliación de la red de alcantarillado en la colonia El Pitahayal, en Villa Alberto Alvarado Arámburo, a cargo de la Comisión Estatal del Agua. Esta obra beneficia a 709 habitantes y representó una inversión de 3.86 millones de pesos, así como la adjudicación de dos vehículos, uno para el traslado de estudiantes del ejido Benito Juárez a Guerrero Negro y el segundo para los estudiantes del CECYTE de la localidad de La Bocana el cual beneficiará a 24 estudiantes.
El Gobernador estuvo acompañado por la titular de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis Monzón, y el director del Instituto de Vivienda (INVI), Benjamín García Meza, quienes destacaron el esfuerzo coordinado entre instituciones para seguir garantizando derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna y a servicios básicos de calidad.