Nuestros comentarios buscan contribuir a la construcción de
un mercado de telecomunicaciones en México sólido, innovador y avanzado, que
garantice competencia efectiva, fomente el desarrollo tecnológico y promueva el
acceso equitativo a servicios de calidad, siempre en beneficio de los usuarios
y con un compromiso social firme, expresó durante su intervención Miguel Calderón
Lelo De Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital de International
Chamber of Commerce México (ICC México).
Tras agradecer al Senado la apertura institucional para
escuchar las voces del sector empresarial en un tema clave para el futuro
digital y económico del país, Calderón Lelo de Larrea, presentó una serie de
observaciones jurídicas y técnicas sobre el contenido de la iniciativa, mismas
que fueron entregadas formalmente por escrito a las y los legisladores, como
parte del estudio técnico de la ICC México, organismo que forma parte de la organización
que a nivel global representa a más de 45 millones de empresas en 170 países y
es el único organismo empresarial con estatus consultivo ante la ONU, la OMC y
otras instituciones internacionales.
Entre las observaciones clave que ICC México realizó en el
Conversatorio a la iniciativa de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, se encuentran:
1. Exceso de facultades regulatorias a la nueva Agencia
La iniciativa plantea un esquema en el que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumiría funciones regulatorias que el marco constitucional reserva exclusivamente al Congreso. Esto representa una delegación inconstitucional de funciones legislativas y revierte avances de la reforma de simplificación administrativa, vulnerando el principio de legalidad y separación de poderes.
2. Retroceso en transparencia y participación ciudadana
La eliminación de consultas públicas obligatorias por parte del regulador representa un retroceso respecto a las mejores prácticas internacionales. Se recomienda garantizar la apertura regulatoria y la incorporación efectiva de comentarios por parte de los sectores involucrados.
3. Amenazas a la privacidad y seguridad de los usuarios
La posibilidad de que autoridades de seguridad accedan al registro de usuarios sin controles judiciales adecuados implica una grave amenaza a la privacidad y protección de datos personales. Es indispensable establecer protocolos estrictos de encriptación y acceso con orden judicial, para prevenir abusos y filtraciones.
4. Riesgos de censura digital
La Agencia podría bloquear plataformas digitales por supuestos incumplimientos normativos, una facultad que resulta técnicamente ineficaz, desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión. Esta medida genera además incertidumbre jurídica y frena la inversión en el ecosistema digital.
5. Regulación ambigua y sanciones desproporcionadas en
publicidad digital
La propuesta impone restricciones similares a las de radiodifusión a la publicidad en plataformas digitales con contenido en México. La redacción ambigua de las disposiciones y sanciones podría derivar en multas excesivas, afectando a actores globales y nacionales del sector.
6. Desbalance regulatorio y violación al T-MEC
La iniciativa propone eximir a entidades públicas con concesiones comerciales de las obligaciones regulatorias aplicables a privados, y permitir la asignación directa de espectro para uso comercial sin licitación. Ambas medidas violan el artículo 28 constitucional y comprometen el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, al generar un trato preferencial injustificado.
7. Incertidumbre en materia de espectro e interconexión
Se plantea modificar el calendario para publicar tarifas de interconexión y permitir interconexiones con redes no comerciales, lo cual debilita los principios de certeza jurídica y eficiencia económica. Asimismo, se proponen descuentos en contraprestaciones de espectro cuya aplicación y alcance requieren clarificación urgente.
8. Obligaciones que trasladan funciones del Estado a
privados
Los operadores de redes se verían obligados a:
Financiar el bloqueo de señales en centros penitenciarios, sin compensación ni responsabilidad compartida.
Ofrecer acceso gratuito a plataformas públicas, lo que podría interpretarse como una medida expropiatoria si no se delimita adecuadamente su alcance.
Desde ICC México hacemos un llamado responsable y respetuoso
al Poder Legislativo para revisar con detenimiento esta iniciativa porque
estamos convencidos de que un mercado de telecomunicaciones sólido, innovador y
competitivo, requiere reglas claras, justas y predecibles, que incentiven la
inversión, garanticen los derechos fundamentales y fortalezcan la conectividad
para todos los mexicanos.
Asimismo, dijo Calderón Lelo de Larrea, ICC México reitera
su disposición para seguir colaborando técnica y constructivamente en la mejora
del marco regulatorio, en beneficio del desarrollo económico y digital de
nuestro país.
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Sobre la International Chamber of Commerce México (ICC
México)
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Desde 1945, en ICC México trabajamos para representar y apoyar a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e internacional, con el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y atraer inversión a México.
Nuestro trabajo es autónomo, apartidista y busca incidir en
el progreso de México para lograr una nación más justa, competitiva e
incluyente, que brinde bienestar a todos los mexicanos.
La iniciativa plantea un esquema en el que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumiría funciones regulatorias que el marco constitucional reserva exclusivamente al Congreso. Esto representa una delegación inconstitucional de funciones legislativas y revierte avances de la reforma de simplificación administrativa, vulnerando el principio de legalidad y separación de poderes.
La eliminación de consultas públicas obligatorias por parte del regulador representa un retroceso respecto a las mejores prácticas internacionales. Se recomienda garantizar la apertura regulatoria y la incorporación efectiva de comentarios por parte de los sectores involucrados.
La posibilidad de que autoridades de seguridad accedan al registro de usuarios sin controles judiciales adecuados implica una grave amenaza a la privacidad y protección de datos personales. Es indispensable establecer protocolos estrictos de encriptación y acceso con orden judicial, para prevenir abusos y filtraciones.
La Agencia podría bloquear plataformas digitales por supuestos incumplimientos normativos, una facultad que resulta técnicamente ineficaz, desproporcionada y contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión. Esta medida genera además incertidumbre jurídica y frena la inversión en el ecosistema digital.
La propuesta impone restricciones similares a las de radiodifusión a la publicidad en plataformas digitales con contenido en México. La redacción ambigua de las disposiciones y sanciones podría derivar en multas excesivas, afectando a actores globales y nacionales del sector.
La iniciativa propone eximir a entidades públicas con concesiones comerciales de las obligaciones regulatorias aplicables a privados, y permitir la asignación directa de espectro para uso comercial sin licitación. Ambas medidas violan el artículo 28 constitucional y comprometen el cumplimiento de tratados internacionales como el T-MEC, al generar un trato preferencial injustificado.
Se plantea modificar el calendario para publicar tarifas de interconexión y permitir interconexiones con redes no comerciales, lo cual debilita los principios de certeza jurídica y eficiencia económica. Asimismo, se proponen descuentos en contraprestaciones de espectro cuya aplicación y alcance requieren clarificación urgente.
Los operadores de redes se verían obligados a:
Financiar el bloqueo de señales en centros penitenciarios, sin compensación ni responsabilidad compartida.
Ofrecer acceso gratuito a plataformas públicas, lo que podría interpretarse como una medida expropiatoria si no se delimita adecuadamente su alcance.
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