* El sector industrial llama a construir una Ley General de
Aguas que garantice el derecho humano, proteja actividades esenciales y dé
certidumbre a la inversión.
La International Chamber of Commerce México (ICC Mexico).
Ciudad de México, a 2 de octubre de 2025.- Como
representantes de un sector que reconoce y comparte la supremacía del derecho
humano al agua y frente al proceso legislativo en curso para expedir una nueva
Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, la International
Chamber of Commerce México (ICC México) se pronuncia con responsabilidad, para
reiterar la necesidad de un marco normativo equilibrado que garantice el acceso
para la población, proteja las actividades productivas esenciales y brinde
certeza jurídica a la inversión que es fuente de empleos, competitividad y
prosperidad compartida.
El sector industrial advierte que diversas propuestas
incluidas en los proyectos legislativos parecen haber dejado de considerar y,
por lo tanto, pueden comprometer la continuidad de cadenas productivas de
primera necesidad, como la alimentaria, farmacéutica o energética, cuya
operación es vital en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.
Entre las preocupaciones destacan la reducción drástica de
la vigencia de concesiones, restricciones imprecisas a la transmisión de
derechos, carga regulatoria incrementada, ausencia de estudios de impacto
(social, ambiental y regulatorio), así como la concentración de atribuciones en
múltiples autoridades sin que queden claros los procesos que garanticen
adecuadamente el debido proceso a fin de evitar caer en atribuciones
discrecionales.
Estas medidas, además de generar incertidumbre jurídica,
pueden afectar negativamente en la toma de decisión de inversiones de largo
plazo, encarecer bienes básicos para las familias mexicanas y debilitar la
resiliencia del país frente al cambio climático.
Al mismo tiempo, ICC México subraya que el reto hídrico
nacional debe ser atendido con un esquema legal moderno, transparente y
funcional que incentive la eficiencia, fortalezca la infraestructura, promueva
la inversión público-privada y armonice la legislación en materia ambiental,
energética y productiva.
México requiere una institucionalidad hídrica robusta que
combine justicia social y ambiental con viabilidad técnica y económica,
asegurando que el agua sea motor de un desarrollo sostenible, no un factor de
parálisis.
Por ello, hacemos un llamado al Congreso de la Unión y a las
autoridades competentes a integrar en la Ley mecanismos realistas de
transición, reglas claras de gobernanza y, conforme a los tratados
internacionales vigentes en el país, garantizar el derecho humano a los
procesos participativos que incluyan a pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, sociedad civil y sector privado en un marco de
corresponsabilidad.
Principales consideraciones y propuestas del sector
industrial
Seguridad jurídica de las concesiones. Reconocimiento
expreso del principio de no retroactividad; incluir mecanismos que aseguren la
prórroga de títulos vigentes cuando se cumplan obligaciones técnicas,
ambientales, sociales y fiscales.
Definición clara de acaparamiento y transmisión de derechos.
Establecer criterios objetivos para evitar discrecionalidad; promover un
mercado regulado de agua que permita reasignar eficientemente volúmenes sin
menoscabo ambiental.
Carga regulatoria proporcional y viable. Escalonar nuevas
obligaciones (medición en tiempo real, metas de reúso, cero descargas) con
plazos diferenciados según ramo industrial y viabilidad tecnológica; realizar
evaluaciones de impacto regulatorio antes de imponer nuevas tarifas o carga
regulatoria incrementada.
Debido proceso y certidumbre en la aplicación de la ley.
Derecho de audiencia previo a reducciones, rescates o cancelaciones; facultades
sancionadoras limitadas, claras y motivadas; procedimientos transparentes que
otorguen certidumbre a inversiones y empleo.
Armonización normativa. Coordinar la nueva legislación
hídrica con la Ley Minera, de Hidrocarburos, LGEEPA, normativa energética y de
cambio climático, evitando duplicidades y vacíos jurídicos.
Infraestructura hídrica e inversión público-privada.
Mantener y fortalecer esquemas de asociaciones público-privadas; otorgar
certeza sobre la recuperación de inversiones y vigencia de derechos de uso.
Transparencia con salvaguarda de información sensible.
Garantizar acceso a información de interés general sin comprometer confidencialidad
empresarial, competitividad ni derechos de privacidad.
Régimen transitorio realista. Prever plazos de 3 a 5 años
para la implementación de registros, normas y sistemas de información, evitando
vacíos regulatorios y bloqueos a nuevas inversiones.
ICC México reitera su disposición al diálogo técnico y
constructivo para contribuir a una Ley General de Aguas que proteja el derecho
humano y, al mismo tiempo, preserve la competitividad de México, su capacidad
de atraer inversión y la continuidad de actividades estratégicas indispensables
para el bienestar de la población.
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Sobre la International Chamber of Commerce México (ICC
México)
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Desde 1945, en ICC México trabajamos para representar y
apoyar a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e
internacional, con el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura
comercial y atraer inversión a México.
Nuestro trabajo es autónomo, apartidista y busca
incidir en el progreso de México para lograr una nación más justa, competitiva
e incluyente, que brinde bienestar a todos los mexican.
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