Funcionario se autovalida títulos y cédulas profesionales
desde el corazón de la institución encargada de garantizar la legalidad
académica en México.
La Constancia de Situación Profesional del
actual director de Autorización y Registro Profesional en la SEP, Israel
Jerónimo López. Ciudad de México.- Bajo la administración del secretario de
Educación Pública Mario Delgado Carrillo, la Dirección General de Profesiones
(DGP) se ha convertido en el epicentro de un escándalo que exhibe conflicto de
interés, uso indebido de funciones y corrupción institucional, encabezado por
Israel Jerónimo López, actual director de Autorización y Registro Profesional,
ante la omisión del titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina.
Desde la dependencia que tiene la responsabilidad de
regularlos, surgen evidencias documentales que revelan un patrón de
irregularidades que incluye uso de títulos no registrados, cédulas obtenidas en
orden inverso a los estudios cursados y gestionado de sus propios registros.
Firma como doctor en 2022, título
del que aún carecía de la cédula para poder hacerlo, ya que apenas en 2024 fue
inscrito su registro.
En su Constancia de Situación Profesional, Jerónimo López
aparece con un grado de Maestría fechado en 2002 y un grado de Licenciatura en
2004, un orden cronológicamente imposible y, a pesar de ello, el funcionario
que también fue subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de
México, ha mantenido ambos títulos como válidos y simultáneos, sin que la SEP
haya iniciado investigación alguna por estas irregularidades.
Aún más grave: en documentos oficiales del Gobierno del
Estado de México fechados el 22 de septiembre de 2022, el funcionario firmó
como “Dr. Israel Jerónimo López”, cuando se desempeñaba como subsecretario de
Educación Media Superior. Sin embargo, el portal oficial de la SEP indica que
su Doctorado en Educación (cédula 14084392) fue expedido hasta abril de 2024,
dos años después de haberse ostentado con ese grado.Su nombramiento en 2024 fue el 16 de febrero.
Después de esa fecha, en abril, fueron inscritos sus títulos como doctor y
posteriormente como maestro.
El hecho no es menor: la Ley Reglamentaria del Artículo 5°
Constitucional prohíbe expresamente el uso o ejercicio de títulos profesionales
sin contar con la cédula respectiva. Su firma en documentos públicos como
“Doctor” en 2022 constituye, por tanto, una violación legal que vulnera la
confianza institucional en la función pública.
Las irregularidades no terminan ahí.
Las cédulas de maestría y doctorado del funcionario fueron
emitidas precisamente por el área de Autorización y Registro Profesional, la
misma que él mismo encabeza desde el 16 de febrero de 2024 (https://acortar.link/n7bjk4). Ambas
cédulas fueron expedidas en abril de 2024, y de forma igualmente irregular:
primero la de doctorado (4 de abril) y luego la de maestría (11 de abril).
El documento de titulación ni siquiera precisa la fecha en
que obtuvo su grado en el Centro Universitario México – España, institución que
ha sido señalada en otros casos por expedir títulos en periodos académicos
inusualmente breves.
Este escenario configura un claro conflicto de interés, al haber
gestionado sus credenciales dentro de la misma estructura jerárquica encargada
de validarlas. En términos prácticos, el funcionario autorizó o facilitó la
validación de sus propios documentos, lo que contraviene los principios básicos
de transparencia y rendición de cuentas.En su CV registrado en el portal del gobierno de
México, dice tener un doctorado en la Universidad Anáhuac, lo cual hasta el
momento no es verdadero.
Las cédulas profesionales de Jerónimo López fueron emitidas
justo cuando ya ocupaba el cargo de director de Autorización y Registro
Profesional, lo que refuerza la sospecha de autobeneficio institucional porque
las fechas lo delatan.
Además, su currículum oficial publicado en el portal de la
SEP (https://acortar.link/CoEqFD)
presenta inconsistencias adicionales, pues afirma tener un doctorado en
Administración Pública por la Universidad Anáhuac, distinto al doctorado en
Educación que figura en el registro de cédulas.
El caso plantea un desafío directo al secretario Mario
Delgado Carrillo, y el titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina, quienes
permanecen en silencio ante estas evidencias y deberán esclarecer cómo es
posible que, desde una oficina bajo su mando, se hayan manipulado tiempos,
grados y procesos académicos en beneficio del propio funcionario a cargo,
consolidando una cultura de impunidad y opacidad dentro de una de las áreas más
sensibles de la educación pública mexicana.
Estas irregularidades, de confirmarse, podrían constituir un
acto de corrupción administrativa y violación de la legalidad en una de las
áreas más sensibles de la educación pública: la que certifica la autenticidad
de los títulos en México.
Asimismo, durante la gestión de Israel Jerónimo López,
diversas instituciones de educación superior han denunciado trato desigual,
presiones indebidas y bloqueos administrativos, ya que mientras algunas
universidades han reportado amenazas de suspensión del Módulo Electrónico de
Títulos (MET) por supuestos incumplimientos técnicos, otras habrían recibido
trámites exprés y facilidades irregulares, lo que acarrea consecuencias
directas que afectan a miles de estudiantes cuyos títulos permanecen retenidos
o en revisión indefinida, generando retrasos en su incorporación laboral y
profesional, mientras que otros que hablaron en derecho de audiencia con él,
tienen todas las facilidades.
