La Senadora por Baja California Sur del Grupo Parlamentario de MORENA, Lic. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, hace un análisis de la Ley de Aguas, publicado en el Diario El Sol de México; que a continuación reproducimos con la autorización de la parlamentaria sudcaliforniana por la importancioa que reviste para el pueblo mexicano.
En México, hablar del agua
ya no es asunto técnico ni tema accesorio: es hablar de soberanía, de justicia
y del porvenir de nuestras familias. Durante décadas, el manejo del agua se
deformó entre distorsiones legales, mercados paralelos y una profunda desigualdad
territorial.
Miles
de comunidades quedaron al margen de la toma de decisiones, los productores
pequeños fueron empujados a la incertidumbre y los hogares vulnerables
estuvieron a merced de cortes discrecionales. Ese modelo llegó a su límite. Nuestro
país necesitaba un cambio estructural, serio y responsable.
La
nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales
representan un punto de inflexión histórico. No es una simple actualización
normativa: es la reconfiguración completa del modelo hídrico mexicano para que
el agua vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: un bien público,
un derecho humano y un motor para el desarrollo nacional, no una mercancía
sujeta a especulación. Esta visión está expresamente sostenida en esta
Reforma que muestran claramente los objetivos de eliminar el viejo
modelo de mercado de 1992, para garantizar el derecho humano al agua.
La
reforma establece, por primera vez, una protección social
sin precedentes: los organismos operadores ya no podrán suspender
totalmente el servicio por falta de pago. Se obliga a
garantizar un suministro mínimo indispensable para la vida y la salud. Es
un blindaje social que coloca la dignidad de las familias mexicanas en el
centro de la política hídrica.
Además,
la ley corrige una deuda histórica con más de 70 mil sistemas
comunitarios que, pese a sostener el acceso al agua en miles de
localidades rurales e indígenas, habían vivido en la informalidad jurídica.
Hoy, la
ley les otorga personalidad jurídica, patrimonio propio y reconocimiento pleno
para gestionar el agua bajo sus propios sistemas normativos. Esto no sólo
brinda certeza; devuelve poder y autonomía a quienes durante generaciones han
cuidado el recurso de manera responsable.
El rediseño
institucional también fortalece la transparencia y el acceso a la información. El
antiguo registro se convierte en el Registro Público Nacional del Agua, mandato
expresamente establecido, garantizando la publicidad, trazabilidad y el
escrutinio ciudadano sobre todas las concesiones y actos inscritos.
Este
elemento es estratégico: la opacidad ya no tiene espacio en la
administración del recurso más importante del país.
Para
el sector productivo, campo e industria, la reforma ofrece certezas que antes
no existían. La reforma elimina el “mercado negro” del
agua y crea un sistema de reasignación expedita, con un plazo máximo de 20 días
para emitir nuevos títulos en casos de herencia, compraventa o reestructuración
corporativa. El mensaje es claro: nadie perderá su
patrimonio y nadie podrá especular con un recurso que pertenece a la Nación.
También
se incorpora la figura del uso agropecuario familiar, que reconoce
la economía de subsistencia como una categoría específica que merece protección
diferenciada. Es una medida de justicia para quienes
producen desde el territorio y por el territorio. Además, cuando
convivan actividades agrícolas y pecuarias, no se considerará
cambio de uso, eliminando trámites innecesarios que históricamente
frenaron la productividad.
La
creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales,
integrado por volúmenes recuperados o devueltos al Estado, garantiza que nunca
más habrá sobre concesionamiento. Estos volúmenes se
reasignarán con prioridad al consumo humano, la seguridad alimentaria y el
desarrollo nacional.
Es una
herramienta estratégica para blindar el agua del futuro y
evitar que la corrupción o el desorden administrativo vuelvan a poner en riesgo
la disponibilidad nacional.
Este
nuevo marco jurídico no es una ocurrencia ni un salto al vacío. Es producto de
diálogo profundo, rigor técnico y un compromiso irrenunciable con el bienestar
del pueblo. No se criminaliza al productor, se combate a
las mafias del agua; No se limita la participación social, se fortalece; No se
vulnera el patrimonio rural, se protege y se incentiva su crecimiento.
La nueva
Ley de Aguas es, en síntesis, un paso decisivo hacia un México más justo. El
agua es vida, y esta reforma, con visión de Estado, asegura que la vida de
nuestra Nación tenga futuro.
La lucha
por el bienestar social continúa; la construcción también. Lo que ya no está en
duda es el rumbo: el agua es para el pueblo, y el pueblo la defenderá con la
ley en la mano.
Senadora de Morena por Baja
California Sur.
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