Durante las audiencias, Sterling, Lendo y
Estrada explicaron que la integración de las mesas directivas de casilla no es
un asunto de los partidos políticos sino de loas y los ciudadanos, porque las
personas responsables de recibir y contar los votos representan una garantía
para todos los electores, independientemente de sus preferencias o del
resultado de la contienda.
Por esa razón, sostuvieron que las
organizaciones ciudadanas deben contar con vías efectivas para solicitar la
revisión de decisiones que puedan afectar la manera en que se preparan y
desarrollan los procesos electorales.
“Defender reglas claras para integrar las
casillas no significa asumir una posición partidista. Significa proteger el
derecho de todas las personas a participar en elecciones organizadas con
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”, señaló Gabriel
Sterling.
“No venimos a pedir que se nos dé la razón.
Venimos a pedir que se nos escuche sobre el fondo, ya que estas reglan vulneran
la confiabilidad de las elecciones justo en el tramo en que el proceso
electoral está a cargo de los ciudadanos”, afirmó Lendo.
Poder Ciudadano recordó que la propia Sala
Superior le reconoció interés legítimo en el expediente SUP-JDC-1940/2025,
relacionado con una respuesta del Consejo General del INE sobre la apertura de
mesas de diálogo para la elección judicial.
Asimismo, presentaron diversos precedentes en
los que el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia ha reconocido la
legitimación de organizaciones de la sociedad civil para defender derechos
políticos e intereses colectivos.
La organización argumentó que existe una
diferencia sustancial entre pretender intervenir en una controversia partidista
y solicitar que se revisen reglas generales que afectan a todas las personas
que ejercen su derecho al voto.
Poder Ciudadano no defiende una candidatura,
un partido político ni un resultado electoral. Su petición busca que el Tribunal
determine si las modificaciones impugnadas conservan las garantías
constitucionales necesarias para la adecuada organización de una elección
nacional.
“La participación ciudadana no comienza cuando
se abren las casillas ni termina cuando se cierran. También comprende la
posibilidad de observar, cuestionar y acudir a los tribunales cuando están en
juego las condiciones con las que se organiza una elección”, agregó Estrada
Michel.
Poder Ciudadano sostuvo que la ciudadanía no
debe limitarse a observar lo que ocurre durante la jornada electoral, sino que
también debe tener la posibilidad de vigilar, mediante las vías
institucionales, las decisiones que se adoptan durante la preparación de los
comicios.
Por ello, solicitó que el proyecto de
sentencia permita el análisis de fondo de la controversia y reconozca la
función legítima de las organizaciones de la sociedad civil en la observación,
vigilancia y defensa de la integridad electoral.
La organización reiteró su respeto a la
autonomía del TEPJF y manifestó su confianza en que la Sala Superior valorará
la importancia de mantener abiertas las vías institucionales de participación
ciudadana antes de que comience la aplicación de la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral 2026-2027. Según les fue señalado, estos expedientes
serán discutido por la Sala Superior en su sesión del día de hoy 23 de
septiembre.
Poder Ciudadano precisó que las audiencias no
anticipan el sentido de la resolución ni representan un pronunciamiento de las
magistraturas sobre el caso. Sin embargo, en todos los casos se escucharon
atentamente los argumentos de la organización sobre los problemas de
confiabilidad y certeza que generan los acuerdos del INE y las razones por la
cuales a una organización como Poder Ciudadano, dedicada a la promoción y
defensa del voto, debe concedérsele interés legítimo para impugnarlos.
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Acerca de Poder Ciudadano
Poder Ciudadano es una organización ciudadana, plural y apartidista, con presencia como red nacional en 26 entidades del país y cerca de tres millones de personas registradas en su plataforma. Su misión es acercar a la ciudadanía a las decisiones públicas, promover su participación electoral y fortalecer la vinculación entre representantes y representados.
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