El Economista
La Suprema Corte dejó sin resolver un tema de primera
importancia para el combate a la corrupción en México: la posibilidad de que la
autoridad judicial federal rompa el secreto bancario sin autorización judicial
previa. Una decisión de la Corte en contra del secreto bancario en materia penal
es indispensable para combatir la corrupción, uno de los tópicos que más
aplausos provocó el sábado por la tarde en la plancha del Zócalo capitalino.
Ese día, 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador
presentó las 100 primeras acciones de su gobierno, con una clara inclinación
hacia el Estado de bienestar y el fin de los privilegios ilegítimos. Se acabó
la impunidad, se acabó la corrupción, prometió López Obrador. El electorado —se
calculan 150,000 personas en el Zócalo y alrededores— respondió con una
sonoridad que aturdió la plaza.
Cumplir la promesa no será sencillo. Se necesitan más que
buenas intenciones. Se requiere de un marco jurídico robusto y acorde con el
estado de derecho, que dé certidumbre a ciudadanos y delimite las atribuciones
de las autoridades para perseguir y combatir el delito.
El problema de fondo se encuentra en las grandes operaciones
con recursos públicos y en los sobornos a funcionarios públicos para permitir
la operación de negocios ilegales: asignaciones de obras de infraestructura,
licitaciones para la prestación de servicios, contratos de compras de gobierno,
corporaciones policiacas que trabajan para el crimen organizado. Algunas
fuentes aseguran que la corrupción tiene un costo total en México de entre 5% y 10% del total del PIB.
En el caso Odebrecht, por ejemplo, la constructora brasileña admitió haber
pagado más de 10.5 millones de dólares en sobornos para obtener contratos
públicos en México.
El proyecto de AMLO se basa en eliminar el costo de la
corrupción para reincorporarlo a las finanzas públicas y realizar una nueva
distribución de ese dinero. López Obrador ha hablado de hasta 500,000 millones
de pesos, que le darían margen para cumplir con buena parte de sus promesas
electorales, como pensión universal para adultos mayores o menores de edad con
alguna discapacidad, la creación de universidades públicas gratuitas o la
entrega de becas para estudiantes.
El secreto bancario puede ser un obstáculo para ello. Su
defensa a ultranza puede obstaculizar el trabajo del ministerio público incluso
si hay sospechas de una actividad delictiva, cancelando la posibilidad de
recabar información, integrar averiguaciones previas y solicitar sanciones
penales en casos de lavado de dinero, defraudación fiscal o delincuencia
organizada.
El Pleno de la Suprema Corte desechó el 27 de noviembre un proyecto del ministro José Ramón
Cossío Díaz que pretendía exigir autorización judicial para romper el
secreto bancario en materia penal. En investigaciones de carácter fiscal o
administrativa el acceso a esa información de carácter patrimonial, considerada
en el manto de protección de los datos personales, no requiere de la previa
autorización de un juez. ¿Por qué habría de ser distinto en materia penal?
Mientras el Pleno de la Corte no disponga otra cosa se mantendrá vigente
una tesis promovida por el propio Cossío Díaz que protege el
secreto bancario en casos penales.
¿Pero de qué otra manera podría la Procuraduría General de
la República (PGR) integrar averiguaciones previas si no recaba indicios de un
hecho delictivo? El ministro presidente Luis María Aguilar Morales lo explicó en la sesión del 27 de
noviembre: “El indicio de la defraudación fiscal equiparada implica per se
contar con los elementos de la cuenta bancaria del contribuyente para poder
tener noticia de que, habiendo recibido ingresos, omitió realizar la
declaración correspondiente y el consecuente pago de las contribuciones”.
Los votos de seis ministros en contra del proyecto contra
cinco a favor lograron desechar el proyecto de Cossío Díaz y pedir la redacción
de uno nuevo. Esperemos una propuesta que argumente con profundidad contra la
sacralización del secreto bancario, como un paso indispensable para el combate
a la corrupción en México. Si AMLO quiere de verdad combatir la corrupción,
deberá impulsar un criterio jurisprudencial en esta dirección.