El proyecto de resolución del
Ministro Javier Laynez Potisek se encuentra listado para ser resuelto por la
Segunda Sala en sesión del próximo 13 de mayo del presente año; 35% del
territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que ha generado
y genera diversos conflictos socioambientales, debido a que se han afectado los
territorios, formas de vida y derechos humanos de las comunidades y pueblos
indígenas.
Grupos
indígenas de diversas comunidades del país, así como organizaciones de la sociedad
civil, enviaron el pasado lunes una carta a los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que les solicitan no aprobar
el proyecto de resolución del amparo en revisión[1] que valida la
constitucionalidad de diversos aspectos de la Ley Minera que afectan a los
derechos de pueblos y comunidades indígenas. En el origen la Ley les debió ser
consultada por el Congreso de la Unión, así como se debió regular en su texto
mecanismos para respetar y proteger sus derechos fundamentales como el
territorio, el agua y la autodeterminación.
El proyecto
de resolución a cargo del Ministro Javier Laynez Potisek, a ser decidido por la
Segunda Sala, se limita a afirmar sin mayor sustento que "el
contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y
derechos de los grupos indígenas involucrados", lo cual preocupa
porque invisibiliza las afectaciones que la implementación de la Ley Minera ha
ocasionado sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En el
caso, las afectaciones fueron demostradas en los peritajes, y en general la
problemática ha sido ampliamente estudiada por organismos internacionales, las
organizaciones de la sociedad civil mexicana y el propio Poder Judicial de la
Federación. Por ejemplo, en varios juzgados federales en los estados de
Guerrero, Puebla, Oaxaca, y San Luis Potosí han llegado en diferentes momentos
a la misma conclusión: el otorgamiento de concesiones mineras en territorios
indígenas ha sido inconstitucional en tanto no se ha garantizado su derecho a
la consulta previa, libre e informada por los impactos significativos que tal
actividad conlleva.
En nuestra
opinión, la Ley Minera representa el instrumento que posibilita la expedición
de títulos de concesión con los que se despoja a los pueblos y comunidades
indígenas sus territorios y por ello el proyecto constituye un paso atrás en la
protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en especial
si se toma en cuenta el contexto actual, donde 35% del territorio nacional se
encuentra concesionado a empresas mineras. El proyecto erosiona el Estado
pluricultural en México y el más alto estándar de protección de los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas.
En el caso
del amparo del pueblo maseual, el camino legal inició en septiembre de 2014,
cuando alrededor de 3 mil personas indígenas, reunidas en asamblea en la
comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron
su derecho a la autonomía, encomendando al Consejo Maseual Altepetajpianij
emprender acciones para defender su territorio frente a la amenaza de diversas
concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en su territorio.
En marzo del
2015, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el
pueblo maseual presentó demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de
la Ley Minera, así como la violación de sus derechos a la autodeterminación y
al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones
mineras Atexcaco I, "Atexcaco II y "Macuilquila, ubicadas en los
municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en especial
por la falta de consulta previa, libre e informada tanto en la expedición de la
Ley como en el otorgamiento de las concesiones.
En
septiembre de 2018, la autoridad judicial[2] dictó sentencia,
determinando, por un lado que, sobre el tema de la constitucionalidad de la
Ley, las comunidades no habían comprobado su interés legítimo. Sin embargo, por
otro lado, se otorgó el amparo a las comunidades al reconocer que la actividad
minera "conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que
transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el
ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad
del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento,
de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación
de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y
fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire,
ruido y modificación de la topografía y del paisaje."
Fue así que
se ordenó a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones
mineras y llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada,
y de buena fe; para en su momento emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la
procedencia de las concesiones. Respecto de la constitucionalidad de la Ley
Minera, las comunidades decidieron presentar un recurso de revisión, el cual,
por su relevancia, fue atraído por la Suprema Corte y posteriormente
encomendado al Ministro Laynez en la Segunda Sala.
Este caso
representa una oportunidad muy relevante para la protección de los derechos
humanos de pueblos y comunidades indígenas en México y de contribuir a
transformar una industria que les ha transgredido, por ello hacemos un llamado
a la Ministra y Ministros integrantes de la Segunda Sala de la SCJN para que
modifiquen el proyecto y concedan el amparo al pueblo maseual.
Firmantes:
Consejo
Maseual Altepetajpianij
Consejo
Tiyat Tlali
Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Comité de
Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC)
Environmental
Defender Law Center (EDLC)
