"No queremos concesiones mineras, queremos Planes de
Vida", señalan representantes del Consejo Maseual de Cuetzalan, en el foro
virtual; Afectaciones de la minería a los derechos de los pueblos indígenas;La
Suprema Corte tiene una oportunidad histórica para abonar a la construcción
efectiva del Estado pluricultural consagrado en la Constitución; Ayúdanos
firmando la petición en https://www.change.org
La Ley Minera es violatoria de los derechos de los pueblos
indígenas, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a
través de la Segunda Sala, tiene la oportunidad histórica de declararla
inconstitucional y, con ello, reconocer el derecho de los pueblos a la
autodeterminación sobre su territorio, particularmente sobre proyectos de
desarrollo que los afectan.
A esta conclusión se llegó durante la realización, el día de
hoy, del foro virtual Afectaciones de la minería a los derechos de los pueblos
indígenas, convocado por el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la Universidad Iberoamericana (UIA).
Los participantes en la primera mesa, integrantes de
diferentes pueblos y comunidades indígenas, expusieron que la Ley Minera no fue
consultada de forma previa, libre e informada a los pueblos y comunidades
indígenas y, por tanto, sin haber obtenido su consentimiento para promulgarla,
ello a pesar de que un gran número de concesiones mineras se encuentran sobre
sus territorios. Pero sobre todo, señalaron que la Ley Minera viola y
contraviene sus derechos a la libre determinación sobre su territorio, porque
asigna a la actividad minera un carácter prioritario, que la por encima de las
demás actividades, amenazando con ello las formas de vida que las comunidades
han decidido mantener.
"La Ley Minera es un insulto, es excluyente, racista,
nos silencia, nos excluye [...] Estamos excluidos del artículo 27
constitucional, en particular en materia de subsuelo", señaló Salvador
Aquino, indígena zapoteca de la comunidad de Capulálpam de Méndez, estado de
Oaxaca.
Por su parte, Ofelio Julián Hernández, integrante del
Consejo Maseual Altepetajpianij, señaló que la Ley Minera no considera el
territorio como algo integral del cual, históricamente, los pueblos indígenas
han obtenido su sustento, pero que también está intrínsecamente vinculado con
su forma de vida, religiosidad y tradiciones culturales. "El Estado
Mexicano se forma después de que las comunidades ya estaban aquí. Esto es lo
que nos hace fuertes y nos hace movernos y nos hace luchar. Luchamos por
ejercer nuestro derecho a la libre autodeterminación, cómo queremos tomar
decisiones sobre nuestro territorio, como queremos vivir, alimentarnos y
garantizar el territorio para las generaciones que vienen".
En la segunda mesa, académicos e investigadores expusieron
las deficiencias de la Ley Minera con relación a los derechos de los pueblos
indígenas. Carlos Lozano, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente (AIDA), comentó que el concepto moderno de desarrollo económico
hace que las concesiones mineras tengan prevalencia sobre los derechos de los
pueblos indígenas. Agregó que "la distinción artificial que hace la Ley
Minera entre suelo y subsuelo puede tener sentido económico y jurídico, pero
ecosistémicamente y para las comunidades indígenas no lo tiene." Por ello,
dijo, las decisiones judiciales deben tomar en cuenta los impactos sobre
pueblos indígenas y también los impactos ambientales acumulativos. El
ordenamiento territorial es una herramienta fundamental que permitiría a las
comunidades tener mayor incidencia en la toma de decisiones.
Respecto del derecho a la consulta previa, consideró que si
bien resulta fundamental, tiene limitaciones, puesto que no otorga a las
comunidades derecho de veto. El objetivo es hacer obligatoria la obtención del
consentimiento por parte de las comunidades para poder emprender los proyectos.
Por su parte, Rodrigo Gutiérrez, académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que México se reconoce como una
nación Pluricultural; es un principio constitutivo y fundacional que obliga a
las autoridades a proteger los territorios indígenas y a reconocer su propiedad
colectiva. "Esto quiere decir, que los pueblos tienen el derecho a
controlar el territorio en el que habitan. Es necesario materializar estos
derechos y concretarlos a través de decisiones legislativas y
administrativas", señaló.
Jorge Peláez, académico investigador de tiempo completo del
departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana CDMX, recordó que el
derecho al territorio forma parte de todos los estándares en el Sistema
Interamericano y está consagrado en la Constitución mexicana. A pesar de ello
-dijo- "en México no ha habido ningún proceso de consulta en temas
mineros. Al no poder participar ni decidir sobre las concesiones mineras, se
está anulando de facto la capacidad de los pueblos indígenas para decidir sobre
su territorio."
Agregó que existe una falsa lectura de la realidad que
considera a la minería como actividad preferente, cuando en realidad sólo
aporta 0.66% de los empleos y constituye el 0.9% del Producto Interno Bruto
(PIB). Agregó que en esos territorios los pueblos indígenas están desarrollando
proyectos productivos, muchos de ellos de manejo forestal, por lo que al
despojarlos de su territorio se está afectando también la actividad económica.
La falta de consulta previa a las comunidades sobre el
otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios ha detonado una serie de
conflictos socioambientales en diversas regiones del país. Actualmente, se
tienen identificados por lo menos 44 de ellos. Al respecto, Peláez Padilla
destacó que es mejor legislar correctamente que obligar a los pueblos y
comunidades indígenas, a recurrir a la vía judicial o al conflicto social para
exigir el respeto a sus derechos.
Los participantes en el Foro concluyeron que la SCJN
desempeña una función fundamental en el Estado democrático de derecho, por lo
que hicieron un respetuoso llamado a que su decisión no se quede en argumentos
formalistas, sino que entre al fondo del asunto dado que están en juego la
diversidad cultural y biológica de la Nación.
