El 27 de septiembre 15 naciones, incluido México, firmaron
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe; Es el primer tratado de la historia que incluye
disposiciones específicas para proteger a personas defensoras del medio
ambiente y los derechos humanos de las comunidades originarias.
Organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar el
pasado miércoles 7 de noviembre, al presidente de México, Enrique Peña Nieto,
una carta en la que le solicitan turnar, a la brevedad, al Senado de la
República, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe, para lograr su ratificación lo más pronto posible.
El pasado 27 de septiembre en la sede de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, se logró la firma del citado acuerdo,
conocido como Acuerdo de Escazú, por parte de quince Estados latinoamericanos.
Este hecho fue celebrado como una gran victoria para el medio ambiente y los
derechos humanos, pues abre la puerta para la efectiva protección a las
personas defensoras de los derechos humanos.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de la historia que
incluye disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras del
medio ambiente; y es una herramienta novedosa para la defensa de los derechos
humanos de las comunidades originarias, planteando un ejemplo para el mundo
entero.
El paso siguiente y necesario para que dicho Acuerdo pueda
entrar en vigor y puedan empezar a adoptarse las medidas conducentes para
asegurar su plena implementación, es que sea ratificado por el Senado mexicano.
Por esa razón, se requiere que el Ejecutivo lo haga llegar cuanto antes a esta
Cámara legislativa.
La sociedad civil reconoce al Estado mexicano por haber dado
este importante paso en beneficio de los de derechos de las personas defensoras
de derechos humanos. Asimismo, exhorta a la presente administración federal a
concluir su gestión dando muestra de congruencia, permitiendo que este proceso
avance hasta la plena implementación del Acuerdo. De esta forma, probará en los
hechos su voluntad de dotar a la región de los más altos estándares en materia
de protección a los derechos humanos y ambientales.